Informe Orismayo y Liviara

Hacia mediados del año 2002 trascendió en la prensa local (“Pregón”, de San Salvador de Jujuy) que la explotación de oro en la región de la Puna jujeña estaba causando problemas graves en la hacienda y en la salud de los niños de comunidades originarias. Posteriormente el tema fue desapareciendo de la prensa por lo que era posible que la misma hubiera sido condicionada. El objetivo de este informe fue verificar la veracidad de la información difundida y el estado actual del problema. El mismo se basa en una visita a los sitios referidos, entre los más aislados que pueden encontrarse en el país.

Orosmayo y Liviara son comunidades de alrededor de 40 familias cada una, situadas a 4000 metros sobre el nivel del mar y a 108 km de Abra Pampa y para llegar allí el camino serpentea hasta los 4800 metros de altura. Ambas comunidades se encuentran a la orilla del río Orosmayo, cuyas aguas alimentan al Pilcomayo, luego de recorrer un tramo en territorio boliviano. Su economía se basa en la cría de llamas, cabras y ovejas, y en la venta de lanas, tejidos y carne. Los cultivos son viables solamente entre octubre y abril y en invernáculo. Durante el resto del año el frío no lo permite; los vientos son muy fuertes en primavera, por lo que se requieren invernáculos muy robustos. La existencia de oro es conocida desde muy antiguo y la minería, a pequeña escala, se practica desde los inicios de la colonización, y aún desde el período incaico.

Hacia el 2001 se produjo la reactivación de las actividades mineras, a cargo de la empresa Luis Losi S.A., de Paraná (Entre Ríos). La empresa Losi, es una empresa vial, que decide incursionar en minería, por falta de trabajo en su especialidad. De hecho el proyecto Orosmayo (minas Rufino, Rosa y José) está planteado como un simple trabajo de remoción y excavación de sedimentos aluvionales y fluviales y separación de pepitas de oro por tamizado. El proyecto minero mencionado es un proyecto a muy pequeña escala: según datos proporcionados por un empleado de la empresa, no se llegó a extraer más de 1 kg. de oro por día en los mejores momentos. Sin embargo, los datos son confusos y el mismo gobierno manifestó la necesidad de conocer con precisión el monto de lo extraído.

Territorios aborígenes y minería: aspectos legales

El origen del proyecto se pierde en las connivencias entre la empresa Losi y el gobierno jujeño. Basta decir que la empresa llevó a cabo el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en pleno período de explotación, como una mera formalidad o trámite para quedar legalmente protegidos. Las concesiones (pedimentos) de exploración minera en la Puna han sido obtenidas por tres personas: Yolanda López, el Ing. Benicio y Carlos Mir. Sólo en el río Orosmayo existen 48 pedimentos. En Orosmayo-Liviara, dichas personas cedieron a la empresa Losi el derecho de explotación a cambio del 15 % de lo extraído. Todo este procedimiento es ilegal, debido a que se trata de territorios aborígenes y los mismos tienen una legislación propia, reconocida en la Constitución Nacional de 1994.

El fallo judicial de julio del 2003, desfavorable al amparo presentado por la comunidad de Orosmayo, se atiene a que los derechos consagrados en la Constitución, no se aplican de inmediato, sino que necesitan de leyes que los reglamenten. Los especialistas más relevantes en Derecho Constitucional sostienen en cambio lo contrario (en términos técnicos, que son derechos operativos).

El aislamiento de la comunidad impide que los pobladores estén informados y que puedan enterarse de los edictos oficiales que se publican en San Salvador de Jujuy y que tienen 30 días de plazo para presentar oposiciones. Además la costumbre de denominar a las minas con nombres de fantasía, hace que los pobladores no puedan ubicar el lugar en que se encuentran y si las mismas afectan a sus intereses. Un viaje a San Salvador de Jujuy para averiguarlo, por lo menos les lleva 5 días entre ida y vuelta si lo hacen en medios públicos.

Daños ambientales: observaciones en el lugar y referencias de los pobladores

La mayor parte de los tres kilómetros del río Orosmayo que separan Orosmayo de Liviara, se encuentran altamente impactadas por la actividad de la empresa Losi. A ambos lados del río existían numerosos mallines o “ciénagas” como se las denominan localmente, es decir áreas con subsuelo húmedo y ricas en pastos, especialmente aptas para el pastoreo del ganado. Pudo observarse la destrucción completa del lecho del río y de las áreas marginales, utilizadas anteriormente como áreas de pastoreo. El material, preponderantemente aluvional, ha sido removido, transportado y tamizado con uso de maquinaria vial. El trabajo de las maquinarias dejó excavaciones muy hondas llenas de agua, donde cayeron y murieron ahogados o envenenados muchos animales. Estas excavaciones fueron tapadas posteriormente, ante la protesta de los perjudicados. Como consecuencia del proyecto el curso de río ha sido altamente modificado, se produce un gran aumento de la turbidez aguas abajo de los sitios removidos, incluso en estos momentos en que los trabajos se encuentran paralizados.

Desde el inicio de la extracción han muerto más de 1100 animales a lo largo de 30 km del río y aún continúan muriendo. La mortandad afecta a ovejas, cabras y llamas, en el orden mencionado y en forma particular a las crías. Según los pobladores, los animales morían de 5 a 10 por vez. A las ovejas “se les reventaban los pupos y se les salían las tripas”. La mortandad de animales en la Puna suele ser alta, por factores naturales, sequías u otros. Pero lo que los pobladores están refiriendo aquí son muertes con síntomas extraños y un aumento excesivo de mortandad, mucho más allá de lo usual. También mencionaron una gran mortandad de truchas, que aparecieron a la orilla del río.

Con respecto a la salud humana, ocho niños fueron llevados en estado de gravedad, hasta Abra Pampa, y luego hasta Jujuy, y en algún caso hasta Salta, por el simple hecho de haberse bañado en el río o haberlo cruzado para ir a la escuela. Presentaron cuadros de vómitos (con aspecto de carne molida), convulsiones y diarreas. Los facultativos dijeron que se trataba de una intoxicación por materia fecal. La empresa no había construido sanitarios y todos los mineros (alrededor de 50) hacían sus necesidades al aire libre. Dichos sanitarios se construyeron posteriormente por los reclamos.

La extensión de los impactos se hizo sentir hasta más de 100 km aguas abajo, ya en territorio boliviano, en la comunidad de Río Seco, a orillas del río San Juan de Oro. Los pobladores de dicha comunidad enviraron una nota al presidente de la comunidad de Liviara con fecha del 10 de Octubre de 2002, mencionando daños crecientes en la salud de los pobladores (diarrea, dolor e hinchazón de garganta), mortandad de ganado, “daños en los sembradíos y extinción de los animales acuáticos, como ser peces, patos, huallatas, y otros”. En la misma se indica que se están utilizando químicos “lo cual es totalmente dañino a nuestras salud y a la de los seres vivientes que habitamos permanentemente a las orillas del río San Juan de Oro” y le dicen al Presidente de la comunidad de Liviara que si la empresa no deja de utilizar esos químicos ellos se verían obligados a denunciar los hechos al “Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro país”.